Lunes 3 de Junio de 2013
La Justicia argentina ordenó que el Gobierno Nacional se abstenga de mover y trasladar un emblemático monumento a Cristóbal Colón, en lo que representa un nuevo enfrentamiento entre la administración federal y la de la Ciudad de Buenos Aires.
La administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pretende llevar la enorme estatua de Colón a Mar del Plata, para emplazar en su lugar un monumento donado por el Gobierno del presidente boliviano Evo Morales en homenaje a Juana Azurduy, patriota del Alto Perú.
La estatua del almirante, que pesa 623 toneladas y es obra del escultor italiano Arnaldo Zocchi, fue donada por la colectividad italiana en 1910 y se encuentra justo detrás de la Casa Rosada -sede del Gobierno argentino- de cara al río de la Plata, frente al recoleto barrio de Puerto Madero.
La prensa local informó ayer que la jueza en lo contencioso administrativo federal, Claudia Rodríguez Vidal, ordenó a las autoridades nacionales que eviten "concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado" del monumento, tras hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la asociación civil Paren de Demoler.
La magistrado le pidió al Estado Nacional que en tres días presente un informe y dispuso el freno del traslado "a los fines de resguardar la eficacia de las resoluciones".
La medida se tomó justo cuando operarios y grúas comenzaban tareas para remover el monumento y trasladarlo a Mar del Plata, una pintoresca ciudad balnearia 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que está bajo la administración del opositor alcalde Mauricio Macri, reiteró el sábado que el intento de trasladar el monumento a Colón "sin autorización" constituye "un atropello y un robo al patrimonio de la Ciudad".
El gobierno de Macri sostiene que la obra es una donación de la comunidad italiana en Argentina para ser ubicada en ese lugar y recordó que fue declarada parte integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad.
La decisión fastidió a la comunidad italiana, que considera el monumento una señal de identidad, ya que fue financiado por la colectividad y el Gobierno de Italia. Pero el gobierno de Kirchner explicó que fue la comunidad italiana quien pidió el traslado.
